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Los Jueces de Propiedad Intelectual en el Ecuador

El 19 de Mayo de 1998 mediante la publicación de la Ley de Propiedad Intelectual en el Registro Oficial No. 320, fueron incorporados al ordenamiento jurídico del Ecuador 4 juzgados distritales de propiedad intelectual, con sedes en Quito, Guayaquil, Cuenca y Portoviejo. La misma norma creó 4 Tribunales Distritales de Propiedad Intelectual para que conozcan las segundas instancias, y una sala especializada en propiedad intelectual de la Corte Suprema de Justicia (hoy denominada “Corte Nacional”) para los casos de casación. Esta norma contenida en el artículo 294 de la Ley de Propiedad Intelectual estuvo vigente por más de 10 años, sin que nunca fueran nombrados los jueces, ni los vocales de los Tribunales, ni los magistrados de la sala especializada de la Corte Nacional, hasta que el 9 de Marzo del 2009, el Código Orgánico de la Función Judicial derogó la figura de las autoridades judiciales especializadas en propiedad intelectual y confirió a las autoridades judiciales contencioso-administrativas la competencia para conocer los casos de propiedad intelectual.

Desconozco las razones por las que nunca se nombró a las autoridades judiciales especializadas contempladas en la Ley de Propiedad Intelectual, al igual que desconozco los motivos de su derogatoria. Se trata a mi criterio de un lamentable error que debe corregirse enseguida, por lo siguiente:

Uno) La propiedad intelectual es un área especializada con inmenso potencial para el país

La propiedad intelectual genera 50 millones de puestos de trabajo en EEUU, y representa más del 30% del PIB de ese país, en Colombia genera más riqueza y trabajo que el famoso café colombiano. ¿Por qué no Ecuador? El talento lo tenemos. La inversión pública también. Lo que nos hace falta es la inversión privada, y ésta no llegará mientras no haya efectivos mecanismos judiciales de respeto a los derechos de propiedad intelectual. ¿Para qué voy a invertir dinero en la producción de una obra, marca o invento si la competencia lo podrá explotar impunemente?

Dos) El poder de control del IEPI es naturalmente limitado e insuficiente

Aunque el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) tiene facultades de control y sancionadoras, y ciertamente éstas ayudan a promover el respeto de esta materia, son limitadas e insuficientes, ya que siendo una autoridad administrativa nunca tendrá el mismo poder y facultades que un juez. Por ejemplo, sólo los jueces pueden ordenar el pago de indemnizaciones de daños y perjuicios, algo que resulta fundamental para generar una verdadera cultura de respeto a los derechos de propiedad intelectual.

Tres) Los jueces de lo contencioso-administrativo no son los jueces adecuados para conocer casos de propiedad intelectual

La gran mayoría de las disputas de propiedad intelectual son entre particulares y no entre el Estado y un particular, lo contrario a las disputas de derecho administrativo. Además, los jueces de lo contencioso-administrativo están entrenados para conocer disputas de derecho administrativo y no de propiedad intelectual. No puede subestimarse la magnitud de este problema. La propiedad intelectual requiere de estudios especializados, es un área demasiado sui generis y técnica en relación a las demás áreas del derecho, como para pretender aprenderla “al andar” o en base a “criterio jurídico” o las “normas generales del derecho” que suponemos dominan todos los jueces.

Finalmente, aunque en el ámbito penal si existen Fiscales especializados en propiedad intelectual, éstos no cubren ninguna de las disputas de propiedad intelectual donde no se ha verificado un tipo penal o donde simplemente las partes no desean llevar la controversia a dicho delicado ámbito jurídico.

Por todo lo anterior, resulta fundamental que se rectifique lo hecho y sean nombradas lo antes posibles autoridades judiciales de propiedad intelectual en el Ecuador. Si existe preocupación sobre una posible insuficiencia de casos (preocupación completamente infundada, la realidad es que cada vez hay más casos de propiedad intelectual en el país) sugiero que se les conceda a estas autoridades judiciales especializadas competencia en 2 áreas que son sumamente compatibles: la propiedad intelectual y la competencia desleal – libre competencia.

 
 
 
 





 
 

 

 
 
 
 

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