Inicio   Nuestro Equipo   ¿Qué Protegemos?   Portafolio PI®   Auditoría PI   Protección en el Extranjero   Contáctenos
 
 
    Español / English
 
La independencia de las responsabilidades civil y penal en materia de propiedad intelectual

A medida que avanza en el país el desarrollo y ejecución de la figura de las medidas en frontera (gracias a la decidida labor de la SENAE y el IEPI), se presentan interesantes discusiones e interrogantes jurídicas que deben ser dilucidadas por quienes hemos decidido hacer de esta materia nuestra área de especialización académica y profesional.

Una de las interrogantes planteadas gira en torno a la relación existente entre la responsabilidad civil y la penal en materia de propiedad intelectual, y las consecuencias jurídicas de dicha relación para las acciones de medidas en frontera.

Es opinión de este autor que la responsabilidad civil y la penal en materia de propiedad intelectual son completamente independientes, pudiendo existir una sin existir la otra, o existir ambas, sin que medie una relación de co-dependencia o subordinación entre las dos, como puede ocurrir en otras ramas del Derecho. A continuación expresaré los motivos que me permiten arribar a esta conclusión y la principal consecuencia de esta independencia para las acciones de medidas en frontera.

1. No hay prejudicialidad

El artículo 40 del código de procedimiento penal claramente establece que en el Ecuador la prejudicialidad debe ser expresa para existir:

“En los casos expresamente señalados por la ley, si el ejercicio de la acción penal dependiera de cuestiones prejudiciales cuya decisión competa exclusivamente al fuero civil, no podrá iniciarse el proceso penal antes de que haya auto o sentencia firme en la cuestión prejudicial.”

No hay tal señalamiento expreso en las normas que rigen la propiedad intelectual en nuestro país, por lo tanto, no hay prejudicialidad en los asuntos de propiedad intelectual. Puede entonces el perjudicado acudir a las autoridades civiles, tanto administrativas como judiciales, y/o a las penales, a su discreción.

2. Los elementos de cada responsabilidad son marcadamente distintos

La violación de propiedad intelectual ajena puede ser realizada con absoluta buena fe y no por ello deja de generar responsabilidad civil para el infractor. Poco importa si la propiedad intelectual es irrespetada sin la más mínima intención de perjudicar a su dueño. La violación se verifica y las consecuencias legales en lo civil son inminentes por medio de tutelas administrativas y acciones judiciales. No así con la responsabilidad penal, la cual requiere de elementos especiales a dicha área como el dolo, la anti-juridicidad, la imputabilidad, la tipicidad, etc.

3.  Pueden presentarse de forma independiente

Es probable entonces que una persona ponga en arriendo ejemplares no autorizados de una obra, o marque sus productos con una marca ajena sin autorización de su legítimo titular, en cuyo caso tendrá responsabilidad civil por sus actos, cabrán tutelas administrativas, medidas cautelares civiles y acciones indemnizatorias. Sin embargo, si dicho individuo actuó sin dolo, o falta algún otro elemento del tipo, o es inimputable, etc....se liberará de la responsabilidad penal que dichos actos tienen el potencial de generar.

Menos probable, aunque igualmente posible, es que una persona se libre de la responsabilidad civil que genera la violación a la propiedad intelectual ajena y  no de la penal. Puede ocurrir por ejemplo que prescriba la acción civil, que el abogado descuide un término procesal o que el Juez de lo Civil decida que no se ha atendido la carga probatoria. Nada de esto impediría que un proceso penal se lleve a cabo por la misma violación, y termine en sentencia condenatoria para el imputado.

Todo lo antedicho tiene varias consecuencias para las acciones de medidas en frontera cuya revisión y análisis requerirían mucho más espacio que el proporcionado en este breve artículo. Comentaré sin embargo la principal: la posibilidad jurídica de destruir la mercadería aprehendida por la SENAE una vez que se encuentre firme el pronunciamiento del IEPI respecto de la violación a propiedad intelectual. Esta destrucción tiene pleno sentido jurídico si entendemos a las responsabilidades penal y civil en esta materia como distintas e independientes.

Si en el caso propuesto hay además indicios de una infracción penal, bastaría que la autoridad penal reciba ciertos ejemplares de la mercadería violatoria para efectos de prueba, por cuanto ya no estaría en discusión si la mercadería es violatoria de propiedad intelectual, siendo ésta una discusión de tipo civil respecto de la cual ya se ha pronunciado oportunamente la autoridad administrativa especializada, el IEPI. La destrucción de la mercadería en esta instancia no sería inconstitucional, porque se trata de una medida de ejecución derivada de una situación juzgada (la calidad de la mercadería aprehendida de ser violatoria de propiedad intelectual ajena), y no de una medida preventiva en donde la discusión de fondo se encuentra aún pendiente.

Lo que le corresponderá entonces determinar a la autoridad penal será la existencia de todos los elementos técnico-jurídicos constitutivos del delito de propiedad intelectual (dolo, anti-juridicidad, imputabilidad, etc..) y la consecuente responsabilidad penal del imputado, mas ya no cabría que analice si la mercadería viola propiedad intelectual o no, siendo éste un asunto civil ya juzgado que como tal ha generado la consecuente responsabilidad de la misma naturaleza (la cual justifica, entre otras cosas, la destrucción de la mercadería).




 
 
 
 





 
 

 

 
 
 
 

consultas@aba-pi.com / Ave. Francisco de Orellana Edificio Blue Towers - Marriott Courtyard
Piso 12, oficinas 1205 - 1206 Guayaquil, Ecuador / (5934) 2631444 / 2630872

 
twitter Facebook