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El Registro de Palabras Ofensivas como Marcas

Nuestra actual ley de Propiedad Intelectual (denominada “Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación” y publicitada con el más repetible nombre “Código INGENIOS”) prohíbe en su artículo 360, numeral 18, el registro de marcas que, entre otras cosas, sean “contrarias a la moral” o a las “buenas costumbres. En la anterior ley de Propiedad Intelectual (vigente desde 1998 hasta el 2016) se encontraba la misma prohibición, y lo propio en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, norma supranacional de Propiedad Intelectual vigente en Ecuador desde el año 2000. Esta es la prohibición en virtud de la cual el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) rechaza el registro de palabras ofensivas como marcas.

Entramos claramente en terreno movedizo. ¿Qué palabras son “contrarias a la moral” o a las “buenas costumbres”? Difícil de responder. Palabras que años atrás eran consideradas ofensivas ahora no lo son y viceversa. También influye la sensibilidad de cada persona, o lo conservadora o liberal que cada persona pueda ser. Se trata entonces de un asunto tremendamente subjetivo. Aún quienes somos creyentes y afirmamos la existencia de valores morales objetivos fijados en Dios (y en consecuencia inmutables en el tiempo), reconocemos que hay asuntos morales de menor importancia (como el uso de ciertas palabras, por ejemplo) que sí cambian con el tiempo.

Es por algo que no tenemos un “registro” de palabras ofensivas o contrarias a la moral. ¿Tiene sentido entonces que el Estado (representado por el examinador del IEPI al que le corresponda a analizar el caso) decida que palabras son “ofensivas” o “contrarias la moral” para efectos de que sean o no registradas como marcas? ¿No es acaso una forma de censura?

El 19 de Junio del 2017, la Corte Suprema de los Estados Unidos (la más poderosa, sofisticada y política del mundo) resolvió declarar inconstitucional la disposición legal del “Lanham Act” (ley que regula el registro de marcas en EEUU) que prohíbe el registro como marca de palabras contrarias a la moral o que sirvan para “menospreciar” a los demás. Ocurrió dentro del caso Matal v Tam iniciado luego de que en el año 2012 la Oficina de Marcas y Patentes de EEUU negara al músico Simon Tam el registro como marca del nombre de su banda “The Slants” (por hacer referencia al término “slanty eyed” que significa “de ojos inclinados”, expresión considerada despectiva para las personas asiáticas. Cabe destacar Simon Tam y los demás integrantes de su banda son asiáticos).

La Corte entre otros asuntos jurídicos examinó si la prohibición constituía una forma de censura y en consecuencia atentaba contra la Libertad de Expresión en dicho país. Para estos efectos analizó si las marcas registradas en EEUU por recibir un “sello de registro” por parte del Estado constituían “expresión estatal o pública” (“government speech”), ya que el Estado no tiene la obligación de mantener neutralidad respecto de su propia expresión. Sin embargo, la Corte concluyó que las marcas son en efecto expresión privada y no pública, ya que tienen su origen en particulares y son utilizadas mayormente para identificar negocios privados. El que el Estado les conceda un “sello de registro” para efectos del nacimiento de ciertos derechos de Propiedad Intelectual no las convierte en expresión estatal o pública. Por tanto, al ser las marcas una forma de expresión privada no cabe forma alguna de censura y, en consecuencia, la prohibición legal del Lanham Act de registrar marcas “contrarias a la moral” o que puedan “menospreciar” a los demás es inconstitucional. Agregaría yo además que no le corresponde a la Propiedad Intelectual entrar en ese tipo de análisis sobre el contenido a ser protegido. No lo hace para conceder protección por el Derecho de Autor (las creaciones intelectuales originales se encuentran protegidas por el Derecho de Autor sin importar su mérito, finalidad o destino), y tampoco debe hacerlo para conceder protección por el Derecho Marcario.

Por las mismas razones arriba señaladas podemos concluir que en Ecuador la prohibición del artículo 360, numeral 18 del Código INGENIOS es inconstitucional. La Constitución del Ecuador claramente establece en su artículo 66, numeral 6, que se reconoce a toda persona “el derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas”. No cabe entonces que se niegue el registro de una marca en Ecuador por cuanto al examinador de turno le parezca que la palabra o palabras escogidas por el solicitante del registro sean “contrarias a la moral” o a las “buenas costumbres”. Esto no significa por supuesto que el uso de ciertas palabras no pueda generar consecuencias jurídicas dentro de otras ramas del Derecho (de tipo civil por ejemplo), pero para ello debería ser irrelevante si se encuentran o no registradas como marcas.




 
 
 
 





 
 

 

 
 
 
 

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