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Delitos de Propiedad Intelectual y el COIP

En el ámbito jurídico ecuatoriano tenemos actualmente la vigencia del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual ha introducido nuevas figuras delictuales y procesales sobre las que aún la práctica desde todos los ámbitos -judicial, fiscal, profesional- nos estamos adaptando. Una de las intenciones que se persigue con este novísimo cuerpo legal es el de reunir en el mismo todas las conductas que serán sancionadas en el ámbito penal -de ahí su característica de “integral”, motivo por el cual se derogan de manera expresa varios tipos penales que se encontraban desperdigados en diversas leyes a través de sus veintiséis Disposiciones Derogatorias.

La Propiedad Intelectual no se escapó del influjo de las derogatorias del COIP, al punto que se dejaron sin vigencia todos los delitos que estaban tipificados en la ley de la materia; y por efecto evidente de esta disposición, al día de hoy no existe en nuestro país un delito específico sobre esta materia, sin perjuicio del caso de falsificación de productos que analizaremos más adelante.

Lo dicho (como podrá entreverse) ya está generando las primeras consecuencias sobre los procesos e indagaciones activos que tratan sobre propiedad intelectual, dada la aplicación de los principios de favorabilidad (Art. 5, numeral 2 COIP), indubio pro reo y mínima intervención penal (76,5 y 195 de nuestra Constitución).

A pesar de esto, sí existe en el COIP una norma que sanciona la falsificación de productos o servicios, aunque está enfocada no hacia el lado de la protección a los titulares de derechos marcarios sino hacia los consumidores, que pueden ser engañados respecto de la calidad o identidad de estos. El primer párrafo del Art. 235 ibidem señala:

La persona que provoque error al comprador o al usuario acerca de la identidad o calidad de la cosa o servicio vendido, entregando fraudulentamente un distinto objeto o servicio ofertado en la publicidad, información o contrato o acerca de la naturaleza u origen de la cosa o servicio vendido, entregando una semejante en apariencia a la que se ha comprado o creído comprar, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año.”.

Ahora bien, como se observa, este delito sólo puede aplicarse para los casos en que la falsificación del producto o servicio sea lo suficientemente elaborada para que el consumidor promedio no pueda detectarla; o dicho de otra forma, se necesite el criterio de un experto (o al menos de un consumidor sofisticado) para distinguir la imitación, lo cual descarta a los productos que sean fácilmente reconocibles como productos no auténticos.

En estos días ha trascendido que a pesar de la relativa “juventud” del COIP ya se está preparando una reforma precisamente en Propiedad Intelectual, motivada por las negociaciones finiquitadas a esta fecha con la Unión Europea y los compromisos internacionales adquiridos por el Estado e instrumentados en tratados a nivel de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Esta reforma consiste -de lo que se conoce- en la introducción de dos tipos penales por infracciones al Derecho de Marcas y al Derecho de Autor.

Estos tipos penales no serán abiertos, se limitarán al uso no autorizado de marca a escala comercial y la comercialización de productos “piratas” a ese mismo alcance, y se preverá una elevada sanción pecuniaria pero no de privación de libertad (aunque debemos reconocer que una multa elevada puede ser más efectiva que una sanción menor de privación de libertad como la que existía antes). En consecuencia, los actos violatorios a los derechos sobre las patentes, o el denominado “plagio” (apropiación de obra ajena) carecerán de acción penal, dejándose entonces el camino judicial civil o el administrativo.

Esteramos atentos al proceso de reforma y la asimilación práctica que tendrá la misma.





 
 
 
 





 
 

 

 
 
 
 

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